Proceso/CdNC.info - Desde hace tres años, en vísperas de las festividades de Santa Rita, que se festeja el 22 de mayo, habitantes de la comunidad de Santa Rita en Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, ubicado en el municipio fronterizo de la Trinitaria, enfrentan problemas de orden religioso.Y es que un sector de la población, la que profesa la religión católica, pretende obligar a familias de evangélicos a cooperar y participar en la fiesta de la patrona del pueblo.
Santa Rita se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal, rumbo al parque nacional Lagunas de Montebello, En ese lugar cohabitan unas 300 familias, de las cuales 15 decidieron renunciaron a la religión católica y adoptaron la evangélica.
Cuando los católicos se dieron cuenta de que los nuevos feligreses de la iglesia pentecostés Asamblea de Dios comenzaron excluirse de la fiesta de Santa Rita, iniciaron contra ellos la campaña de acoso y hostigamiento para obligarlos a ser partícipes y seguir cooperando para los cohetes y el aguardiente, en honor de la virgen.
Desde hace tres años, las 15 familias empezaron a sufrir las restricciones: les han quitado temporalmente sus tierras, los hombres han encerrados en la cárcel ejidal, han recibido amenazas, a los niños les prohíben acceder a la escuela…; pero lo que ahora viven es la falta de agua potable y de luz eléctrica que les fueron cortadas desde el 19 de enero pasado.
Según los evangélicos, el corte de luz y la suspensión del servicio de agua potable ocurrieron porque sus familias, se negaron a pagar 10 mil pesos para la fiesta de Santa Rita. Con esto tienen acumulado ya una deuda de 40 mil pesos desde hace tres años.
En entrevista telefónica, el pastor y líder de las 15 familias evangélicas, Adán Aguilar Pérez, se queja de que el gobierno del estado nada ha hecho velar porque su derecho a los servicios básicos sea respetado, pese a que han hecho pública la denuncia; además, pide al gobernador Juan Sabines que intervenga para que se les otorguen garantías de que el servicio de luz y de agua no será cancelado en el futuro.
Aguilar Pérez dice que, cada año, cuando se acerca el mes de mayo los miembros de su iglesia empiezan a sufrir: se ponen nerviosos y no duermen tranquilos, pues tienen el temor que en cualquier momento llegue una comisión de las autoridades ejidales o, lo peor, que una turba los ataque por negarse a cooperar para venerar a una imagen que su religión les prohíbe adorar.
Han recibido exhortos de las autoridades ejidales de que al menos un año cada familia debe servir a Santa Rita; y este servicio religioso incluye llevarle flores, rezarle, limpiar el templo, quemar cohetes y repartir aguardiente entre los que llegan a las fiesta de la santa patrona el 22 de mayo.
Revela que las autoridades ejidales prohibieron a la población en general comprar en las tiendas de los evangélicos, ya que, de hacerlo, serán multados con mil pesos. También si alguien vende un producto o presta un servicio a esas familias no católicas.
Quienes están detrás de este acoso, dice el pastor, son las mismas autoridades como el comisariado ejidal, Antonio Hernández Aguilar; el secretario Ricardo Hernández López; el presidente del Consejo de Vigilancia, Valdemar Aguilar Vázquez; y el agente municipal Rolando Aguilar Hernández.
Oscar Moha, vocero de la Barra Nacional de Abogados Cristianos (BNAC), dice sobre el caso que el gobierno de Juan Sabines ha prometido apoyar a los evangélicos con 32 mil pesos, con la condición de que primero paguen la deuda con sus propios recursos y posteriormente se les repondrá. Sin embargo, dice el jurista, los evangélicos dudan que así sea.
Moha señala que los evangélicos también han sido despojados de 10 solares urbanos. Explica que a pesar de que un tribunal les ha otorgado la posesión legal de esas parcelas, los católicos les impiden tomar posesión de ellas, obligándolos a trabajar fuera de su comunidad.
El abogado revela que “en una ocasión”, el director de Control Operativo y Trámite de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, Moisés Grajales Monterrosa, le dijo al pastor de la comunidad que se negara a recibir ayuda de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, ya que no era conveniente hacer pública la situación de Santa Rita, porque "dañaría la imagen del gobierno estatal".
Moha recuerda que Moisés Grajales ha ocupado varios cargos policíacos dentro de la administración estatal, por ende su experiencia en el ámbito de las asociaciones religiosas es nula y, en el caso de Santa Rita, ha demostrado que no tiene tacto político para tratar en problemas de intolerancia religiosa.
El miércoles pasado, el pastor Adán Aguilar Pérez declaró ante la prensa que los evangélicos están dispuestos a pagar las cooperaciones que se les pide en el ejido, sin embargo, aclara que no darán un centavo para las fiestas religiosas. “Los católicos están abusando de esta situación para humillarnos”, agrega.
Tan pronto como se conoció la denuncia, el gobierno estatal, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos afirmó que ha privilegiado el diálogo y la negociación en el conflicto del ejido Santa Rita. Sin embargo, culpó a los evangélicos por la falta de solución al problema, ya que han faltado a algunas reuniones.
"Recientemente, luego de la tensión generada al no presentarse este grupo, junto con la BNAC, a una reunión de acuerdos a la que habían aceptado asistir las autoridades del ejido, la reunión se suspendió y las citadas autoridades decidieron en asamblea extraordinaria cortarles los servicios de agua potable y energía eléctrica, hasta en tanto no cambiaran su actitud", dijo el gobierno local.
En el comunicado, la Subsecretaría de Gobierno señaló que, pese a que ambos grupos pertenecen a distintos credos, luego de una serie de reuniones con los grupos inconformes y diversas instancias del gobierno estatal, "se estableció que el asunto no es de orden religioso, por lo que la Subsecretaría de Operación Regional Zona Fronteriza, será la encargada de seguir mediando hasta la completa solución del problema".
Según el argumento del gobierno local es que la deuda que se les reclama a los evangélicos no tiene que ver con las fiestas de Santa Rita, sino que con la cooperación para servicios al ejido y no a la Iglesia.
Sin embargo, Moha asegura que el gobierno del estado “siempre trata de evadir su responsabilidad en estos casos y oculta los conflictos religiosos disfrazándolos de otro perfil, siempre negando que estos existen para pintar un panorama más de bonanza en Chiapas cuando no es así”.
En Chiapas, como en otros estados del país, los conflictos religiosos siguen en aumento, según la BNAC y el pastor Nicolás López Santis, de la Iglesia Nacional del Séptimo Día, de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, otros difieren, como el pastor Esdras Alonso, de Alas de Águila, quien señala que "Sabines Guerrero sentó las bases para consolidar el diálogo entre las diversas iglesias cristianas y el gobierno del estado".
El presidente de la BNAC, Alfonso Farrera González, expuso en noviembre del 2007 al entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y al gobernador Juan Sabines, los 23 casos que se han registrado en la zona Altos y Frontera de Chiapas, donde católicos han despojado de sus tierras y de sus casas a los evangélicos que no cooperan con las fiestas de los santos patronos del pueblo.
"Pero no hemos visto un solo detenido, una sola consignación ante los jueces por las muchas y graves violaciones al derecho constitucionales, nos han venido engañando que van a proceder, que ya se investiga, pero todo eso es mentira, nos ofenden con esas declaraciones", dijo Farrera González hace una semana.
El momento crítico que se vive por el conflicto de Santa Rita, coincidió con el arribo, el viernes 28 de marzo, de la subsecretaria de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda Orozco, quien dijo conocer el problema en Chiapas y en, particular, el de ese pequeño poblado en la región fronteriza de la entidad.
Dijo que los evangélicos no deben pagar por las fiestas de otras religiones, y agregó que "en México combatir la intolerancia religiosa es apenas el primer paso, pues luego se tiene que luchar por conseguir el respeto y después de ello la aceptación".
Señaló que en Chiapas todavía se dan eventos de intolerancia religiosa pero que, afortunadamente, éstos cada vez son más esporádicos. Sin embargo, admitió que en algunos casos se confunde la intolerancia con otros conflictos políticos, agrarios o por falta de pagos por servicios públicos.
Dijo que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) elaboró un “Atlas de la Diversidad Religiosa en México”. En el caso de Chiapas, explicó, es muy particular lo que ha revelado ese documento.
Señaló que en Chiapas, en comparación con otras entidades, hay mayor presencia de otras religiones: 64% de la población es católica, cuando el promedio es de 85% en otros estados; 14% profesan la fe evangélica. A Nivel nacional el porcentaje es de 5%.
Reveló que muchos chiapanecos declaran que no profesan religión alguna porque tienen miedo de que se desate un conflicto religioso. "En Chiapas la problemática es distinta y merece un trato distintos, con mucha sutileza por su singularidad", dijo Aranda Orozco.
